Codigorojovalparaiso. 15 febrero 2022.
Fuente diarios regionales.
A 9 años del incendio, vecinos piden intervención de gobernador Rodrigo Mundaca en causa civil que pide indemnización a responsables por el siniestro ocurrido el 14 de febrero del 2013 y que está “congelada” en la Suprema.
Ayer se cumplieron 9 A años desde la fatídica jornada en que decenas de familias porteñas perdieron su hogar, en un devastador incendio en el sector de Rodelillo, San Roque, Los Placeres y La Planchada. El saldo fue de 284 viviendas afectadas por el fuego, iniciado por la chispa de un esmeril en una faena cercana. Los daños que dejó la tragedia fueron reparados, en parte, en 2014 con la entrega de 117 viviendas a los damnificados. El 2015 se condenó al obrero soldador Carlos Rivas Quiroz, empleado de la empresa inmobiliaria RVC, quien manipulaba la herramienta que inició el fuego. Sin embargo, la herida no se ha cerrado del todo y a casi una década, los afectados siguen tramitando ante la Corte Suprema una millonaria indemnización contra las empresas RVC y Esval, recurso ingresado el 2020.
Tras la sentencia del juicio penal, los damnificados junto a sus abogados iniciaron un juicio civil para reclamar responsabilidades económicas. “En ese juicio insólitamente la jueza condenó al soldador Rivas a pagar mil millones de pesos y no condenó a la inmobiliaria RVC, que es la dueña de los terrenos donde se estaba haciendo la construcción de edificios, y tampoco condenó a Esval a pagar nada, pese a que los grifos no funcionaron y hasta Carabineros debieron apoyar. Tras eso apelamos y la corte porteña nos dio la razón sobre que también fuera condenada la inmobiliaria, pero nadie dio lugar a una indemnización para los niños. Fueron 100 los menores que resultaron damnificados y de esta forma recurrimos a la Corte Suprema para una mayor indemnización y además involucrar a Esval”, explicó Rodolfo Precht, uno de los abogados de los damnificados.
“Un punto sensible es el rechazo del Juzgado Civil y de la Corte de Apelaciones a indemnizar a los más de 100 niños damnificados, negativa que pretendemos revertir en la Corte Suprema, pues lo sucedido vulnera no solo leyes vigentes, sino también la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños”, agrega. “Esa negativa -enfatiza el abogado Vladimir Mondaca vulnera no solo leyes vigentes, sino también la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños, y por eso hemos solicitado a la Defensoría de la Niñez que se haga parte de nuestro recurso, en apoyo de los derechos de los niños a ser compensados por la traumática vivencia que sufrieron”. El defensor Precht comentó que el recurso se ingresó el 2020 a la Suprema y aún no poseen fecha para alegatos y menos para un posible fallo, pese a varios requerimientos de pronunciamiento que constan en la página del poder judicial.
Cansados de esperar y justo ayer, cuando se cumplieron 9 años de la tragedia, periodo de tiempo en que han muerto una decena de vecinos esperando indemnización, una treintena de personas damnificadas llegó hasta el edificio de la exintendencia para entregarle una carta al gobernador regional Rodrigo Mundaca. El objetivo es que el gobernador dé visibilidad a la problemática. “La causa ingresó a la Corte Suprema el 2020 y desde esa fecha que esperamos se fije audiencias de alegato. No se le ha dado ninguna preferencia al tema. Hay que recordar que esta gente, el 2014, algunos a incendiar. Entonces esto no avanza, no dan fecha y no hay consideración por los vecinos. Ahora ellos mismos idearon llegar acá donde el gobernador para lograr un apoyo político y generar nexos con el presidente electo y ministra de justicia”, sostuvo Pretch
Los vecinos y dirigentes presentaron un oficio dirigido al gobernador regional señalando que “sostenemos que la principal motivación para seguir luchando y buscar justicia en los tribunales chilenos es la nula respuesta a sus demandas de parte de las empresas RVC y ESVAL”, explicando los traumas y daños sicológicos que les causó la tragedia, la cual vuelven a revivir con cada incendio y desgracia como las que año a año ocurren en Valparaíso. “Nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas, pues si bien se avanzó lentamente en la reconstrucción de las viviendas, la mayoría de nosotros aún no logra comprar sus electrodomésticos ni recuperar talleres, herramientas de trabajo y automóviles, condenándolos a la cesantía y a la pobreza. Denunciamos que la famosa responsabilidad social empresarial en Chile es puro cuento” sostiene la carta. Además apelaron a la memoria de una decena de vecinos que murieron esperando una respuesta de la empresa RVC, de Esval y de los tribunales de justicia. Algunos de ellos son Ana Silva Estay Osorio, vecina de Placeres, fallecida el 29 de diciembre de 2021; Samuel Segundo Guerrero Montes, fallecido el 10 de octubre de 2015; Elena Carrasco Candía, fallecida el 17 de marzo de 2016; y Celia María la Rosa Vicencio, fallecida el 1 de septiembre de 2015. EMPRESA RVC Juan Carlos Manríquez, abogado de la empresa RVC, indicó que “estamos a la espera de la Corte Suprema revise tanto los recursos nuestros como lo de los demandantes y según su naturaleza y antigúedad la Corte dispondrá en su minuto que se hagan audiencias y luego de eso probablemente quedarán en acuerdo por un tiempo prolongado atendido al estudio detallado de ellos y los procesos”.
Desde Esval se limitaron a señalar que la empresa “ha prestado toda la colaboración necesaria y de requerirse, seguirá entregando información”.