Codigorojovalparaíso. 25 agosto.
Son 10 personas y la fiscalía los acusa de ceder su nombre para adquirir, ocultar y disimular bienes de origen ilícito.
Un total de 10 personas fueron formalizadas por la fiscalía por los delitos de lavado de dinero y malversación de caudales públicos en el contexto del millonario fraude en Carabineros. Se las acusa de haber actuado como testaferros, aprovechando su calidad de familiares de algunos de los autores principales del caso, entre ellos, generales y coroneles en retiro, así como exdirectores de Finanzas. El 7° juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas de arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre sí, además de mantener el plazo de investigación de esta arista de la causa en ocho meses.
Se trata de civiles que cedieron su nombre para que se concretaran a través de ellos diversos actos de adquisición, ocultamiento y disimulación de bienes de origen ilícito —explicó el equipo liderado por el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos durante la audiencia de ayer, realizada vía Zoom—, introduciendo de esta manera en el sistema económico financiero las ganancias ilícitamente obtenidas por algunos de los “cabecillas de la red de desfalco”. Así se dificultaba la trazabilidad del origen de sus incrementos patrimoniales, a lo menos de $28 mil 348 millones, los cuales fueron generados a partir de la comisión del delito de malversación de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros.
Desde mayo de 2019, existen 95 personas condenadas por haber facilitado sus cuentas bancarias para recibir pagos desde una cuenta corriente de Carabineros sin ser parte de la institución, recuperándose millonarios montos, inmuebles y vehículos en beneficio del fisco. Además, próximamente se realizará el juicio oral de los integrantes de la cúpula delictual, quienes enfrentarán cargos por malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.