Codigorojo. 07 mayo 2024.
“Héctor Llaitul, líder mapuche, ha sido sentenciado a 23 años de prisión, siendo 15 de estos por delito de apología a la violencia, contemplado en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Este delito, considerado político, castiga las expresiones y pensamientos de una persona, no sus acciones.
Así, Llaitul se convierte en un preso político mapuche, y la responsabilidad recae en el presidente Gabriel Boric, pues solo el Gobierno puede querellarse invocando esta ley. Para aquellos en el extranjero, es importante no creer ciegamente en las afirmaciones de Boric ni en su supuesto compromiso con los derechos humanos, ya que la realidad muestra una postura contradictoria y restrictiva frente a las demandas indígenas y la libertad de expresión en Chile.”
Abogado Javier Pineda en redes sociales.
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Santiago de Chile (EFE).- La justicia chilena condenó este martes a 23 años de cárcel al líder radical mapuche Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), como autor de delitos de incitación y apología a la violencia, usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad.
En la sentencia se detalla que la pena se divide en 15 años de prisión por los delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, cinco por hurto simple y otros tres por atentado a la autoridad.
La Fiscalía y el Ministerio del Interior, como querellante de la causa, pedían 25 años de cárcel para el dirigente mapuche, que hoy tiene 56 años y que permanece en prisión preventiva desde agosto de 2022.
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Héctor Llaitul: “Esta es una condena política contra el movimiento autonomista mapuche”.
Le Monde Diplomatique
A horas de leerse su sentencia, el werkén histórico del Coordinadora Arauco Malleco habla sobre el trasfondo de su condena dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco que lo declaró culpable ley de seguridad del Estado, y acerca las imputaciones hechas hacia él y su organización por el asesinato de los tres carabineros en Cañete en la madrugada del sábado 27 de abril.
Lo que se mostró en este juicio fue la confrontación del poder con la histórica reivindicación mapuche. Causa que se ha ido transformando lentamente en un proceso revolucionario, con una propuesta política, ese es el trasfondo de la condena que me toca asumir. Más allá de ser una condena eminentemente política, porque estaban como querellantes los representantes de la institucionalidad opresora del Estado capitalista y colonial, como son el ministerio público, los fiscales junto a las forestales (que están detrás de la sentencia), para nosotros este es un proceso que demuestra cómo se va creando, en el sentido más profundo, la fuerza de lucha de los oprimidos y sus consecuencias.
Porque efectivamente hay una base sustantiva en materia de acumulación de fuerza, como se ha estado desarrollando el movimiento Mapuche autonomista, en donde se incorporó inclusive la confrontación por la vía armada, una definición tomada luego de un análisis profundo de las condiciones objetivas y subjetivas para su desarrollo y legitimidad. Análisis con los elementos y la perspectiva histórica, y eso es lo que se persigue y se castiga.
Hay aspectos que históricamente dan sustento a las contradicciones que observamos hoy en día como, por ejemplo, el hecho que hasta los comunistas están en la gobernanza neoliberal. Así es, comunistas, progresistas y gente que tiene una postura marcada en contra de la ultraderecha, pero, sin embargo, están participando y creando las condiciones para que se desarrolle un tipo de gobernanza neoliberal que favorece a los mismos que se beneficiaron con el golpe militar, con la dictadura de Pinochet.
¿A qué condiciones y ventajas se refiere?
Si nos remontamos a los inicios de la dictadura y al rol que cumplió, por ejemplo, Fernando Léniz como ministro, o el propio Julio Ponce Lerou (una de las fortunas más grandes de este país y encargado de la Conaf en la época) nos damos cuenta que fueron ellos quienes crearon las condiciones y los mecanismos para facilitar el proceso de invasión forestal en Wallmapu. A nuestro juicio, se debiera hacer un análisis más profundo de éste y otros antecedentes, un desafío para periodistas de investigación con expertos y especialistas, no solamente de la historia, sino con políticos de izquierda y revolucionarios que fueron testigos de aquel entonces de la implantación a sangre y fuego del modelo forestal y sus implicancias en el sistema de propiedad, basado en más y nuevas usurpaciones a los mapuche. Un estudio riguroso respecto del decreto 701 que implicó todo el desarrollo subsidiario y tributario que favoreció de forma descomunal a los grupos económicos responsables del golpe militar. Esos golpistas, civiles y militares, los mismos que asesinaron e hicieron desaparecer opositores y arremetieron contra los oprimidos en general y al pueblo mapuche en particular. Aquí, en mi condena, hay dos elementos a analizar, uno, la ley de seguridad del Estado, que se originó para perseguir y exterminar principalmente a los comunistas. Y el otro elemento, es que se ha favorecido una condena política en donde están detrás los mismos grupos sediciosos, golpistas, conglomerados económicos que hoy día dominan este país y que tienen subordinados y funcionales hasta al Partido Comunista chileno. Un contrasentido que debiera ser analizado.
¿A qué atribuye esta situación que usted describe?
La explicación de la actual realidad socio-política está dada porque existe un nuevo proceso de reconversión capitalista en el Wallmapu. Esto es como un experimento para el Cono sur, para implantar definitivamente un desarrollo económico industrial, basado en el extractivismo, arremetiendo contra todos los pueblos, contra todas las comunidades, contra todos los colectivos y grupos que sobreviven en esta territorialidad ancestral.
Este análisis económico debe tener una dimensión cultural, porque la confrontación no solamente es con grupos económicos forestales, sino con todos los grupos de poder existentes en Chile. Grupos económicos que están relacionados con el mundo monopólico y financiero e inciden en el ámbito de la economía forestal, energética, minera y que tiene que ver con Entel, Copec, con Colbún, con los bancos, las pesqueras, el capital especulativo financiero, con las inversiones de todo tipo.
Esta es también una condena política que se inscribe en la arremetida contra el movimiento autonomista Mapuche para consolidar los diversos procesos de reacomodo de gran capital en las zonas de conflicto. Una arremetida representada claramente por las forestales, una economía al servicio de los poderosos, que significa el desarrollo de la industria maderera, principal razón por lo que se ha militarizado el Wallmapu. Así se ha aumentado la criminalización de la causa Mapuche y se ha direccionado hacia los sectores vanguardistas, incorporando nuevos instrumentos tecnológicos de persecución. Con fuerzas de elite y con tácticas de todo tipo que implican, a su vez, tecnicismos de todo orden en materia judicial cuando se dan los procesamientos y se busca la condena de los weichafe más destacados. En este sentido resulta necesario dar continuidad a nuestra lucha, por lo mismo es fundamental hacer este análisis y hay que hacer las denuncias respectivas, es decir, exteriorizar la lucha político ideológica que está dando el movimiento mapuche autonomista.
Entonces, ¿usted cree que hay una continuidad en el modelo de desarrollo impuesto por la dictadura?
El Golpe militar significó una revolución capitalista en donde Pinochet, los militares, el fascismo, la CIA, el imperialismo norteamericano, pusieron y entregaron los recursos y el mundo mapuche “al servicio del desarrollo capitalista”, y todo con un carácter antidemocrático y que sorprendentemente hoy también defienden los comunistas y los progresistas. Porque el decreto 701 lo dictó la Junta militar, no fue una ley que emanó del Parlamento chileno, pero hasta hoy lo siguen manteniendo, una política continuista, entreguista y represora. Y qué significó esto, que con ese decreto se pasó a las manos de los poderosos, de los ricos de la oligarquía, el 75% de una subvención para el desarrollo forestal. Los mismos grupos económicos que hoy día son objeto de demanda de territorialidad, porque son los usurpadores históricos.
Es por esto que hay una contradicción tan profunda al hablar de avances sustantivos en materia democrática y política, pero lo que se está haciendo es argucia política, politiquería para mantener el desarrollo capitalista que arrasa con Wallmapu, que golpea al mundo Mapuche. O sea, la forestación que se plantea desde este desarrollo capitalista, resulta ser el exterminio del pueblo Mapuche, porque ataca nuestra esencia cultural, ideológica, espiritual. Mantener el monocultivo, pinos, eucaliptos, es la desertificación de los suelos, es la escasez de agua. Y ese es el gran trasfondo de la criminalización de nuestra lucha, la imposición y defensa de un modelo de desarrollo capitalista, a ultranza. Según se desprende de sus palabras ¿existe una confrontación histórica en relación a la propiedad, uso y la visión de las tierras mapuche?
Efectivamente e insisto, no se debe olvidar que fue la dictadura militar la que instaló el proceso de invasión capitalista por parte de la industria forestal, aunque si nos remitimos a los orígenes de la usurpación territorial, lo que queda claro fue la ocupación político militar, cuando se conforma el estado nación chileno hacia el año 1881-1883 con la mal llamada Pacificación de la Araucanía y todo lo que se significó esa campaña político militar. Y a partir de ese hecho siempre hubo una confrontación en relación a las tierras, a las escasas tierras que quedaron de mano de los mapuche, menos del 6%.
Sin embargo, la presencia de las forestales fue nefasta en nuestro territorio, por eso nosotros hablamos de una cuarta invasión contra la que estamos luchando y es la del capitalismo depredador, principalmente aquel que representa la industria maderera.
A ello se suman una serie de fenómenos en esta nueva usurpación, todo lo que fue la contrarreforma agraria, es decir, todo el proceso que se avanzó en tiempos de Salvador Allende, fue destruido. Los territorios recuperados para el mundo mapuche quedaron nuevamente en manos de la usurpación forestal.
Porque se impuso una lógica, contrapuesta incluso con lo que se planteó en ese momento, que solo se debía ocupar tierras que tenían aptitud forestal y no agrícola, pero, sin embargo, el proceso de contrarreforma dejó muy claro que para el desarrollo de la explotación forestal devastadora se ocuparían todas las tierras disponibles.
El resultado del despojo de tierras tiene que ver con una acción indiscriminada de grupos económicos que hoy día están retratados principalmente en las empresas forestales, en Mininco, Arauco, Cautín, que impusieron un proceso de ocupación del territorio mapuche hasta el día de hoy.
¿Cómo se consolida el modelo de desarrollo forestal el Wallmapu?
Hablar de la consolidación del sistema de propiedad usurpado basado en el desarrollo forestal en Wallmapu es complejo, porque a nuestro juicio es la continuidad de la dictadura del capital monopólico financiero que se instaló, como señalamos, a sangre y fuego con la dictadura cívico militar. Cuando se produce un recambio en el marco del poder interburgués con una salida pactada con el pinochetismo, con la dictadura, con las fuerzas antidemocráticas de la ultraderecha en ese tiempo, lo que se pactó fue la mantención del sistema neoliberal. Entonces, los gobiernos post dictadura lo que han venido desarrollando, en el fondo, es un modelo de continuidad de la economía que está basada en el extractivismo, en la depredación de los territorios ancestrales y mapuche. En las últimas décadas lo que observamos es la continuidad de este modelo de desarrollo, lo que ha permitido a los grupos económicos una impresionante acumulación de riqueza, de la cual hacen gala a nivel latinoamericano.
Por tanto, para nosotros no hay un momento preciso de consolidación de este modelo en nuestros territorios ancestrales. Lo que nosotros observamos es el desarrollo capitalista sin freno, y que hoy día tiene incluso una salvaguarda de parte de este gobierno que se declaró más democrático o progresista, como una suerte de alternativa, pero que ha mostrado una defensa irrestricta del modelo de desarrollo forestal. De hecho, durante el juicio en mi contra, la posición de los fiscales y querellantes, fue muy clara en la defensa del desarrollo capitalista forestal, aunque nieguen que hubo persecución política.
Usted habló en su juicio de un choque de culturas ¿cómo lo graficaría en este caso?
Porque los fiscales fueron muy claros al retratar que el modelo de desarrollo forestal era la alternativa para toda la sociedad y para el pueblo nación Mapuche. Por eso nosotros planteamos desde un inicio que este era un choque de culturas, porque lo que ellos entienden como forestación nosotros lo entendemos como deforestación y desertificación de los suelos, por lo tanto, como un atentado o una acción genocida que ataca lo fundamental del pueblo Mapuche, su esencia cultural, ideológica y espiritual.
Un pueblo relacionado con el mundo, con la naturaleza, basado en el respeto y en equilibrio con la biodiversidad, con la sustentabilidad, choca directamente con este modelo de desarrollo forestal depredador. Sobre todo, en un contexto en que está en peligro la humanidad, con el calentamiento global y la falta del recurso hídrico, del agua para los pueblos, para todos las comunidades y los colectivos.
¿Cómo describiría el proceso de persecución política al que usted ha hecho referencia?
Aquí hay un entramado que fue muy bien planificado que tiene que ver con un proceso de represión masiva, luego de represión más selectiva. Toda la policía, la fiscalía, la institucionalidad en contra de algunas expresiones del mundo Mapuche, una judicialización en específico, una condena extremadamente político-ideológica en contra del vocero histórico de la CAM, en contra mía. Y después viene todo un marco del discurso oficial que combina la posición de la ultraderecha, de la gobernanza neoliberal y del progresismo funcional al sistema.
Pero también aparecen otras las voces, distintas voces, no es menor que ahora aparezcan personajes como Fernando Pairican, Natalia Caniguan, Salvador Millaleo, y así aparecerán otros, tratando de establecer una visión de cómo resolver el conflicto mapuche. Si en estricto rigor, la causa Mapuche frente a esta realidad, a esta condición objetiva, a este modelo de desarrollo está basada en lo que nosotros sostuvimos y seguimos sosteniendo como CAM y como movimiento revolucionario Mapuche, se basa en la confrontación política, ideológica, cultural y también por la vía de la acumulación político militar mapuche.
Tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, algunos sectores han querido atribuirle a la CAM y a su condena el ataque, ¿qué puede decir ante estas imputaciones?
De hecho, no hubo ni siquiera que sacar pronunciamiento, ya que no hubo una postura clara en tratar de acusarnos. Porque es nuestro pueblo Mapuche el que tiene absolutamente claro que tipo de acciones desarrollamos. Así también lo tiene claro la clase política y la opinión pública nacional e internacional.
La CAM tiene una conducta basada en una ética de Acción Política muy consecuente en la defensa de la vida y los territorios, con justica y sustentabilidad para todos.
El movimiento Mapuche nada tiene que ver con este deleznable hecho. Como CAM, hacemos un deslinde categórico y firme frente a hechos que no contribuyen a la causa Mapuche. Al contrario, los únicos que sacan rédito de esto son las forestales y las fuerzas políticas de la ultraderecha.
La lucha mapuche es en contra del sistema capitalista y colonial, es una lucha en contra del sistema de propiedad usurpado, hoy en manos de los grupos económicos. Los mismos que se han enriquecido, han explotado y siguen depredando nuestros territorios ancestrales, siempre lo hemos dicho y lo hemos sostenido consecuentemente con nuestra práctica política. Nuestra lucha es en contra de las inversiones de todo tipo, extractivistas que arremeten contra el Itro fil mongen mapuche y pretenden perpetrar el poder de dominación en todo el Wallmapu. Y de forma irresponsable ciertas autoridades han tratado de asignar responsabilidad en este hecho al movimiento Mapuche. Así se han referido inclusive fiscales antimapuche designados por estas autoridades.
¿A qué responderían estas acusaciones?
Como parte del movimiento Mapuche en lucha podemos comprender que desde la ultraderecha se nos acuse artificiosamente, ya que ellos siempre han demostrado su odio racista y colonial en contra nuestra. Por supuesto la prensa ligada a los poderosos cubren con información sesgada y tendenciosa, queriendo con ello perjudicar y enlodar la digna lucha que han asumido las comunidades.
Por ahora podemos afirmar que este hecho brutal solo sirve a nuestros enemigos históricos y en nada contribuye al proceso de lucha territorial y político, expresado principalmente en la recuperación territorial, que choca de frente con los intereses del gran capital. Con una acción así, solo logran rédito político los sectores más recalcitrantes de la derecha económica y política, que son precisamente quienes están en los enclaves de poder de la mal llamada Araucanía.
¿Quiénes podrían estar detrás de este hecho?
En este contexto, la nueva ofensiva neofascista en contra de la causa Mapuche le puede imponer a la actual gobernanza neoliberal una agenda de seguridad que solo va a favorecer una mayor represión e injusticias. Se fortalecerá la militarización, se profundizará la criminalización, imponiendo con mayor dureza la doctrina de seguridad nacional, en donde se ha definido a los mapuche como el enemigo interno. Es cosa de observar, se mantienen en sus cargos los altos mando policiales, autoritarios, se legislan nuevas leyes a un más represivas, como la ley antitoma, la justicia militar, entre otras. Se instala a jueces y fiscales cada vez más antimapuche y vinculados a la derecha. Se le asignan prerrogativas a los tribunales para que “legitimen” procesos y condenas arbitrarias e injustas que contravienen todo debido proceso. Se legitima la persecución política.
Por todo lo anterior es que concluimos que una acción de estas características no puede ser endosada a la causa Mapuche y debe ser situada en el crimen organizado y las mafias ligadas al poder en la zona, las que nunca han sido perseguidas por la institucionalidad chilena. Inclusive, deben ser situadas en el rol que vienen cumpliendo sectores de la ultraderecha ligados a los intereses de las forestales, quienes han formado equipos paramilitares que han actuado en completa impunidad, porque los distintos gobiernos de turno, jamás los han perseguido y solo se han dedicado a mantener militarizado el Wallmapu, reprimiendo la legítima y justa causa del pueblo nación Mapuche.
Carolina Trejo Vidal.
“Héctor Llaitul, líder mapuche, ha sido sentenciado a 23 años de prisión, siendo 15 de estos por delito de apología a la violencia, contemplado en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Este delito, considerado político, castiga las expresiones y pensamientos de una persona, no sus acciones.
Así, Llaitul se convierte en un preso político mapuche, y la responsabilidad recae en el presidente Gabriel Boric, pues solo el Gobierno puede querellarse invocando esta ley. Para aquellos en el extranjero, es importante no creer ciegamente en las afirmaciones de Boric ni en su supuesto compromiso con los derechos humanos, ya que la realidad muestra una postura contradictoria y restrictiva frente a las demandas indígenas y la libertad de expresión en Chile.