Andrés Figueroa Cornejo
El lunes 4 de septiembre, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, un grupo de jóvenes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarixs-ACES, junto a otras organizaciones sociales, se encadenaron en el enrejado de la sede principal de Santiago del partido político pinochetista Unión Demócrata Independiente, UDI, ubicada en la comuna de Providencia, enarbolando un lema impreso sobre fuego, memoria y porvenir: «Lucharemos hasta borrar su legado de miseria e impunidad».
Refiriéndose a los miembros directivos de la formación de extrema derecha, las y los muchachos expresaron que, «Quienes están aquí no sólo han impedido los cambios para cuidar los negocios de los empresarios, sino que también fueron impulsores y defensores de la dictadura. Son los mismos que han hecho todo lo posible para impedir que encontremos a nuestros familiares detenidos desaparecidos, para que no exista justicia contra los responsables de la masacre, manteniéndolos en total impunidad», y añadieron que, «han defendido el modelo instalado en dictadura que precariza nuestras vidas, negándose a la gratuidad en la educación, a terminar con el lucro, la implementación de la educación sexual integral y a todo avance que hemos exigido durante años por nuestra vida y educación. Aquí están los negacionistas del golpe de Estado, quienes protegen con uñas y dientes el legado de Pinochet».
La protesta pacífica fue rápidamente reprimida por Fuerzas Especiales de Carabineros, como ya es práctica habitual en un país policializado donde la administración de turno de La Moneda, independientemente de sus matices, opera aplicando la violencia estatal contra todo tipo de disidencia respecto del orden autoritario, antidemocrático y conservador establecido. Se trata de un nuevo incidente que expresa la alarmante derechización de la institucionalidad imperante. De hecho, mientras por arriba el gobierno del Frente Amplio cede en todos los planos a los intereses y agenda del gran capital y del Estado corporativo estadounidense, e intenta alcanzar un «consenso civilizatorio» o relato común sobre los 50 años del golpe de 1973 con la derecha pinochetista antes del próximo 11 de septiembre; por abajo, los costos de la recesión económica en curso son facturados a las clases trabajadoras y populares mediante el desempleo, el aumento de la informalidad laboral, el precio disparado de los alimentos básicos y las energías, y un ajuste estructural antipopular en toda regla.
8 mujeres y 4 hombres fueron detenidos brutalmente por agentes uniformados en las afueras de las instalaciones de la UDI, y trasladados a la comisaría N° 19 de la comuna de Providencia. Sin embargo, la represión no acabó allí. Por la noche del 4 de septiembre, a vista y presencia de sus familiares, amigos, abogados y organismos de derechos humanos, fueron llevados a la comisaría N° 1 de Santiago, en la que los ficharon para luego tener que pernoctar en dependencias policiales. Por la mañana del 5 de septiembre, las y los jóvenes detenidos fueron transportados a los juzgados correspondientes donde, debido a que ninguno contaba con antecedentes previos, por fin obtuvieron su libertad, sin antes ser castigados con una orden de alejamiento del local de la UDI y 100 días de investigación por la pintura roja que lanzaron, considerados daños y desórdenes por el tribunal.
Sólo las conmemoraciones avaladas por el gobierno de Gabriel Boric, como proyectar imágenes de los rostros de detenidos desaparecidos sobre el frontis de La Moneda, están permitidas. Autorización que no necesariamente garantiza evitar el despliegue de la violencia represiva de Carabineros sobre la comunidad que recuerda y vuelve promesa de sentido los únicos 3 años de la historia de Chile donde el pueblo trabajador y los oprimidos, como relámpago y tiempo revelado y rebelde, tocaron el futuro con los dedos.
