Dante Reyes Marín
El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, descalificó de manera rotunda el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la represión que sufren las comunidades originarias en la provincia de Jujuy.
Ocurre en el contexto de una reforma que, en el marco de los planes estratégicos por la explotación del litio, modificó la Constitución de la Provincia de Jujuy, que encabeza el gobernador de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, limitando drásticamente el derecho a la protesta. La UCR forma parte del bloque Juntos por el Cambio, de Rodríguez Larreta, Bullrich y Macri, entre otros.
En este marco, y en una conferencia brindada por todo el conglomerado al que pertenece el expresidente Mauricio Macri, tanto Rodríguez Larreta como la exministra de Seguridad y también precandidata presidencial, Patricia Bullrich, rechazaron el llamado del órgano de la Organización de los Estados Americanos, y junto con calificarlo como una “vergüenza”, señalaron que la CIDH está influenciada por el ex juez de la Corte Interamericana de DDHH, Raúl Eugenio Zaffaroni, un aliado del kirchnerismo y del gobierno nacional que encabeza en sus últimos meses de gestión el presidente Alberto Fernández.
«Es una total y absoluta injerencia en un tema que no conoce, que no ha venido nunca». » No vamos a pensar que la CIDH, tal cual ha planteado este comunicado, tiene alguna importancia en este momento», dijo puntualmente Bullrich, mientras que Rodríguez Larreta, junto con acusar que «Esto es el kirchnerismo», añadió «Es el Gobierno nacional que está promoviendo la violencia. Lo hacen para frenar el cambio que está en marcha en toda la Argentina; un cambio en Jujuy, con una Constitución de avanzada, incorporando derechos».
Horas antes y mediante un comunicado, la CIDH señaló que “observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida. La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
Alertó la CIDH en su comunicado que “el 17 de junio, en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales. De acuerdo a lo indicado por el Estado, la situación continúa en desarrollo. Al respecto, la CIDH expresa preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones”.
Y agregó en otro de sus párrafos que “las protestas se llevan a cabo en el marco del proceso de modificación parcial de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente. Entre los cambios propuestos, se destacan las reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta. Según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales”.
“Al respecto, el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales. La consulta debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe. Adicionalmente, debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre, informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena”.
Y puntualizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “En cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que estos son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta. Es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica. En ese sentido, el -grado de tolerancia- adecuado no puede definirse en abstracto y, por lo tanto, corresponde examinar las circunstancias particulares de cada caso.
Desde la izquierda, sin embargo, y a través del diario digital del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), se denunció un contubernio del radicalismo de Morales con el propio Partido Justicialista. “El rol del Frente Justicialista, el PJ en Jujuy, fue fundamental para que pueda aprobarse la reforma de Morales. Primero le aprobaron el reglamento, para que la UCR tuviera mayoría propia. Luego votaron en general a favor, como también los puntos del texto y las normas transitorias. Y terminaron con el abrazo con Morales”, puntualizó el medio.