“El desarrollo nacional y el gobierno Boric” por Miguel Silva

por Miguel Silva. 21 enero, 2022

El desarrollo nacional y el gobierno Boric

Por Miguel Silva

Mucha gente hoy piensa que los tres años del Gobierno de Pedro Aguirre Cerda son un modelo digno de copiar. Ven que las acciones de la CORFO crearon una nueva economía nacional y así el país creció y se convirtió, por primera vez, en un país moderno.
La política económica, dirigida por Mario Marcel y Nicolás Grau, del próximo gobierno de Gabriel Boric, tiene mucho que ver con los pensamientos del desarrollo nacional que sostenía la CORFO y como tal es el tema de esta columna.

Los cimientos económicos del Frente Popular.
Al asumir el mando, Pedro Aguirre Cerda tuvo que enfrentar una depresión económica y su respuesta fue dejar de pagar la deuda externa y levantar un impuesto extraordinario, medidas con las cuales se estableció la CORFO. Pero luego, ocurrió un terremoto que destruyó la zona industrial cerca de Concepción y comenzó la Segunda Guerra Mundial que cortó las rutas marítimas de las exportaciones.
A pesar de estas condiciones, el Estado logró estimular a nuevas empresas industriales, contratando varios empréstitos para la adquisición de maquinaria. De esa forma, la producción manufacturera aumentó de índice 100 en 1938 a 135 en 1943.
El proceso de sustitución de importaciones que había comenzado durante la primera guerra mundial seguía adelante y fue más ostensible en el área textil. La producción industrial llegó a contribuir en más de la mitad de la riqueza anual del país, aunque fue con maquinaria importada que se aumentó la producción industrial nacional.
Las empresas invierten, o consiguen inversiones, para sacar ganancias, pero necesitan una infraestructura, una base de capital de uso general que generalmente es responsabilidad del Estado. Es el Estado el que se responsabiliza del sistema eléctrico, las vías del transporte, los puertos y la educación. Sin esa infraestructura, la nueva industria que fomentaba la CORFO, no podía avanzar bien.
Una vez establecidas las condiciones de infraestructura para hacer funcionar sus negocios, las nuevas empresas podían sacar sus ganancias y así hacer crecer «la oferta».
Sin embargo, desde una tasa de 3% en 1939, la inflación aumentó a 12,6% en 1940 y 15,2% en 1941, porque la oferta no cumplía la demanda todavía.
Por otro lado, el gobierno, como parte de su acuerdo social con una clase trabajadora industrial que crecía rápidamente en la manufactura textil y metalúrgica, restauró las personalidades jurídicas de los sindicatos que habían sido canceladas, nombró numerosos representantes obreros en diferentes reparticiones públicas e intervino en conflictos como parte de las mesas tripartitas. Luego, la cantidad de sindicatos aumentó de 932 con 125.978 socios en 1938 a 1.985 con 208.773 trabajadores en 1941.
Sin embargo, Humberto Valenzuela, conocido dirigente sindical trotskista , tenía una visión de la situación muy distinta:
“Empezaron los trajines de los dirigentes obreros por las Juntas de Conciliación, por los Ministerios, el parlamento y la Presidencia de la República, en búsqueda de solución a los problemas planteados. Ya las soluciones a las reivindicaciones planteadas no se buscaban a través de los combates de clase, sino en los conciliábulos y en las componendas”.

Pero la estrategia económica del Frente Popular tuvo consecuencias casi olvidadas.
Primero, las empresas que financió la CORFO obtuvieron elevadas tasas de ganancias. La empresa textil Yarur, por ejemplo, con un capital de 80 millones de pesos logró ganancias superiores a los 230 millones entre 1941-6. Además, las acciones de la CORFO gatillaron una tendencia a la concentración monopólica… en 1950, por ejemplo, más del 65% de la producción textil fue controlada por Yarur y Caupolicán Chiguayante.
Además, aunque se crearon los cimientos del desarrollo industrial nacional, el estándar de vida de los trabajadores en general no aumentó mayormente. El costo de vida en 1940 fue 210; dos años después alcanzó a 304 y solamente los sectores mejor organizados ganaban aumentos igual a, o mayor que la tasa de inflación a través de sus negociaciones dentro del Código Laboral. Como consecuencia, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se mantuvo a niveles muy bajos; de un índice de 100 en 1941 se pasó a sólo 103 en 1948, mientras que los empleados subieron 9 puntos y los empresarios 25 puntos. O sea, los capitalistas fueron los principales beneficiarios de la política económica del Frente Popular.

El Desarrollo Nacional.
El desarrollo nacional exige recursos, los cuales podrían ser las ganancias que son la consecuencia de la puesta en marcha de capital acumulado por trabajadores y la consecuente explotación de su fuerza de trabajo. Una alternativa a las ganancias es el capital guardado en las arcas del estado, como si estuviera en un banco. Compartir ese capital «nacional», por así decirlo, que son ganancias ahorradas de todos los sectores, significa invertir los recursos de un sector de la economía en otro. Y una tercera alternativa a la explotación de los trabajadores locales y la intervención del estado es la exportación de capital de otros países a Chile, inversiones que son consecuencia de la explotación de la fuerza de trabajo de trabajadores de otros países.
En el caso del período del Frente Popular, fue el Estado el que gatilló el proceso de desarrollo (es decir de la acumulación de capital local) con sus inversiones, empresas creadas por la CORFO que luego asumieron una vida propia. Fue el Estado la fuente central para el proyecto de desarrollo nacional mientras el consumo de la población estaba todavía relativamente restringido.

En la década de los ’60, comenzó a aparecer la economía que hoy conocemos.
Comenzando con los gobiernos del Frente Popular, la tasa de inflación subió rápidamente; fue 18% en la década de los ’40; en los ’50, 36% y en los ’60, 26%.
Ahora bien, los economistas tradicionales dicen que cuando la demanda es más fuerte que la oferta, entonces aumentan los precios hasta el momento en que aumenta la oferta y baja la demanda.
Por ejemplo, la demanda para exportaciones nacionales muy fuerte asociada con la Guerra Coreana de 1953, o un aumento rápido de sueldos provocado por la organización sindical de la CUT de esa década bajo Clotario Blest, aumentaron una demanda que la oferta no cumplió, y así generaron una alta tasa de inflación.
Vimos que, durante el Frente Popular, la fuente más importante de las inversiones en la industria (y por lo tanto un aumento en la oferta) fue el Estado en manos de la CORFO, sin embargo, la oferta no cumplió con la demanda. Como consecuencia, gobiernos posteriores buscaban apoyo de las empresas multinacionales para aumentar la inversión a niveles más altos, ayudar a crear más oferta y así evitar crisis inflacionarias.
Por supuesto, la alternativa a subir la oferta –para combatir la inflación– es bajar la demanda. La implementación de planes de estabilización anti-inflacionarios de los años ’50, a través de la disminución de sueldos o de gastos estatales, eliminaba la causa puntual del brote inflacionario, – un exceso en la demanda-, sin dar solución a la causa fundamental que era la falta de inversión y oferta.

Los años ’60…¿podría la inversión extranjera ser un motor de expansión y así crear más oferta?
En la realidad, entre 1959 y 1968, las inversiones realizadas por extranjeros en la industria eran de alrededor de 180 millones de dólares; suma enorme comparada con los 40 millones que se habían invertido hasta 1958.
Sin embargo, aunque el capital extranjero era importante para la economía, se concentraba en algunas pocas industrias: en la industria pesquera, en el papel y celulosa, en la industria química. Esas empresas industriales con capital extranjero controlaban sus mercados, crecieron mucho más rápido que las otras empresas industriales y gozaban de una expansión más sostenida de sus exportaciones.
Como consecuencia, la inversión extranjera tendía a guardar cada vez menos relación con las necesidades del proceso nacional de crecimiento económico; los equipos y maquinarias que exigía la inversión extranjera fueron importadas en su gran mayoría.
Por otro lado, las corporaciones internacionales estaban integradas al mercado mundial, entonces exportaban sus ganancias en vez de invertirlas en más inversiones nacionales. En el caso de la minería, en 1970, el Capital Nacional de Chile era de 10,000 millones de dólares, mientras que, de una inversión neta de 750 millones, la exportación de las utilidades de compañías cupríferas totalizaba 3 mil millones de dólares.
En fin, la inversión de capital en la minería (un área donde se invertía la mitad del capital en el país) afectó muy poco la producción en otros sectores de la economía.
Por lo tanto, la economía crecía como si fuera dos. Por un lado, la minería y la industria con altos niveles de inversiones extrajeras y ganancias, con fuertes vínculos con las exportaciones. Y por otro lado, la producción nacional por consumo, con pocas relaciones con el sector de capital internacional. Todavía hubo, por lo tanto, un vacío entre la oferta y la demanda. Mejor dicho, había oferta de productos de exportación y demanda para bienes de consumo nacional. El problema de la inflación no había sido solucionado con las inversiones extranjeras, entonces.
El hecho de que el problema de la inflación no estaba solucionado se hizo evidente cuando aumentos en la demanda, en 1964-5 y 1969-70, volvieron a generar una alta tasa de inflación.

Los cimientos económicos de la UP
Ya vimos que las crisis de los años ’60 probaron que el capital externo no había solucionado el problema de la oferta débil y la inflación. La consecuencia fue que — paso a paso–, el estado mismo volvió a intervenir y controlar el funcionamiento de la economía de consumo. Concentraba y centralizaba la inversión de capital nacional indirectamente a través de proyectos de desarrollo de servicios, infraestructura o créditos.
La intervención del estado en la economía no fue solamente un fenómeno chileno, sino mundial. Desde la crisis de los ‘30 en adelante, tanto los países más poderosos como los más débiles intentaron protegerse. Trataban de reorganizar un sistema que ya no era capaz de avanzar sin convulsiones y sin dañarse.
La planificación económica estaba a la orden del día y “capitalismo de estado” es una descripción de las acciones de los capitalistas y el estado ya integrados en un todo.
En Chile, ODEPLAN encontró que entre los años 61-69, la inversión pública (directa o indirecta) como porcentaje de inversión bruta en capital fijo, había aumentado de 46,6% a 74,8% y que la inversión indirecta traspasada al sector privado a través de créditos o traspaso de capital, había aumentado de 12,5% a 50,3% del total de la inversión privada.
¡Y esto durante el gobierno de Frei (padre), de la DC!
Se concentraba la inversión en los sectores de servicios, transporte y electricidad, o sea, en la infraestructura que ofrecía a precios bajos una base productiva estable para la industria.
Una parte decisiva, 80% del total de la inversión pública, iba a la construcción a través de capital fijo, un aumento de una unidad en la construcción inducía a un movimiento de 0.48 en la industria.
Por otro lado, las ganancias generadas por la inversión pública no alcanzaban un promedio de 25% en el transporte ni de 30% en los servicios de energía eléctrica o gas, mientras en los sectores en que dominaba el capital privado, las ganancias eran del orden de 50% y 60%. En otras palabras, el capital público subsidiaba al capital privado, pero igual formaban una economía integrada de capital estatal y privado.
En otras palabras, mientras las empresas vinculadas a las exportaciones invertían, fue el Estado el que asumió el rol de inversionistas en el sector nacional por falta de inversiones de las empresas (es decir capitalistas) locales.
El proyecto económico de la UP fue hacer crecer la oferta para cumplir con la demanda en el consumo y desarrollo nacional. En ese sentido, habría que integrar los dos sectores de la economía… el capital moderno relacionado con las exportaciones y el sector de consumo nacional estancado. Esta nueva economía estaría basada en un sector capaz de cumplir con toda la demanda, se llamó el Area Social de la economía.
Bueno, sabemos lo que pasó con ese proyecto… los ricos y poderosos dentro y fuera del país dieron un NO rotundo a los cambios y los militares entraron para poner fin al proyecto.

La solución Chicago
Por su parte, los economistas radicales de la derecha, los Chicago, aplicaron una solución de restructuración económica y social. La oferta sería, en su futuro, una oferta de exportaciones donde había una demanda global, y la demanda nacional por bienes de consumo estaría reducida a un mínimo. Claro, los Chicago eran hombres educados, bien educados, entonces no decían (por lo menos en público) que la forma más rápida de reducir el consumo era con el terror y el miedo.
En fin, la economía de los ’75 en adelante fue una extensión de la que crecía durante los ’60… exportaciones por un lado y producción y consumo nacional reducido por el otro. La época global del neoliberalismo, desde los ’80 en adelante, cabía bien con sus planes porque la demanda global atraía las exportaciones chilenas, y décadas de austeridad, de retroceso a nivel global en el estándar de vida de los trabajadores, abrieron las puertas a la concentración de la riqueza en manos de unas pocas empresas y billonarios tanto en Chile como en casi todos los países del mundo.

Los planes económicos de la Concertación
¿Como podría cambiar la economía chilena, durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, bajo las condiciones de exportaciones, globalización, producción nacional industrial reducida y austeridad?
Bueno, durante su primera década, la Concertación aumentó el estándar de vida de la población, bajó la tasa de explotación de los trabajadores, pero también empujó altos niveles de inversiones, ayudado en ese sentido por la llegada a nueva maquinaria altamente productiva y a precios bajos desde China y otros países.
En otras palabras, el impacto de la «revolución electrónica» hizo posible una mejora del estándar de vida de los trabajadores y también de altos niveles de inversión.
Pero el gobierno era muy cuidadoso en controlar las organizaciones sindicales en esa década porque no quería ver, para nada, un nuevo movimiento sindical autónomo con la capacidad de decidir en forma independiente los aumentos del estándar de vida que quería. Es decir, quería movimientos sociales bajo su control.
La segunda década de la Concertación fue marcada por el aumento en los precios y volúmenes de las exportaciones de cobre. Sin embargo, y es importante destacar este hecho en la luz de la conversación sobre la oferta y demanda que hemos sostenido, la Concertación no repartió los grandes beneficios de la venta del cobre entre los trabajadores.
Es decir, no se gastó la bonanza del cobre entre los que más problemas para vivir tenían. Mientras las ganancias de los empresarios aumentaron mucho, los sueldos aumentaron poco.
Es en ese sentido que la Concertación siguió la línea de la economía política del régimen, porque aceptó que la economía era, de verdad, dos economías: una de exportaciones y otra de oferta para el consumo nacional. Controlar la demanda nacional, el consumo, era necesario en esas condiciones para evitar el rebrote inflacionario.
Al terminar el superciclo en 2012, la economía (bajo Bachelet y también de Piñera) entró en un período de estancamiento que todavía nos rodea.
Es por este estancamiento que tanto escándalo han hecho los economistas tradicionales sobre el 10% y los bonos, porque si la economía es de verdad dos economías, un aumento en la demanda para el consumo nacional en condiciones de oferta reducida en esa economía, podría gatillar la inflación.
Sin embargo, el fin de los 10% y los bonos va a devolver esa economía de consumo a sus condiciones de estancamiento, y peor, a condiciones de estancamiento con inflación. Y quizás una nueva revuelta de octubre.

Los desafíos del Gobierno de Boric y su política económica
Hoy día, Gabriel Boric ha planteado que tanto las fuentes de inversiones privadas como estatales, podrían crear una nueva ola de crecimiento económico nacional dirigido a aumentar la productividad nacional y el consumo.
En otras palabras, la política económica del Gobierno de Boric está centrada en el aumento y productividad de la economía nacional y un tipo de producción más sustentable que antes.
Más sustentable en dos sentidos… que no hace daño a la naturaleza y que es producción con más altos niveles de productividad.
Si la producción hace daño a la naturaleza, entonces es peor que dispararnos en el pie.
Y si la producción nacional aumenta, pero es poco productiva, entonces los trabajadores no tienen cómo consumir más porque sus sueldos no alcanzan. Pero si la producción es más productiva, cada bien sale más barato y la gente tiene como comprar más.
En otras palabras, si se gasta un poco más en inversiones, pero se ocupan más insumos y por ende se produce muchos más bienes con los mismos trabajadores, cada bien incorpora menos insumos, menos «maquinaria», menos trabajo y por ende sale más barato.
Todos ganan. Los trabajadores ganan porque con más o menos el mismo sueldo, pueden consumir más. La producción nacional gana porque es más eficiente.
Pero ¿qué ganan las empresas?
Puedes decir que ganan porque sus ingresos aumentan y si sacan la misma ganancia por bien producido, entonces el monto total de sus ganancias también aumenta. ¡Todos felices!
¿Pero las empresas, los negocios, son así? ¿Los empresarios hacen inversiones para sacar las mismas ganancias de cada bien que producían antes o invierten para ganar más de cada bien?
El secreto de sus ganancias es que, cada bien que se produce con las nuevas inversiones que se han comprado, tiene un costo bastante menos que antes porque el proceso es más productivo, pero se cobra un precio un poquito menos que antes. Cada nuevo bien lleva menos «maquinaria», menos insumos y menos fuerza de trabajo porque hay más productividad, pero su precio no baja tanto. Por ende, lleva más ganancias.
Ahora bien, acto seguido, otro empresario se entera de este buen negocio, compra las nuevas maquinarias, consigue los insumos, implementa el mismo proceso productivo, tiene sus bajos costos propios, pero cobra incluso menos para ganarle a la «competencia». Por ende, el precio final de sus bienes y los de la competencia, se van a acercar a los nuevos y bajos costos.
El empresario que sigue ganando es aquel (o aquella) que baja aun más sus costos, haciendo uso de menos trabajadores o exigiendo que esos trabajadores laboren más rápido. Menos recursos gastados en los trabajadores genera más ganancias.
La política económica del Gobierno de Boric, entonces, no toma en cuenta que una economía más productiva lleva una consecuencia que es la presión que ejercen los patrones a sus trabajadores.
Por supuesto, no es nada nuevo el intento de los patrones de fusionarse y organizarse para frenar la competencia productiva. Por ejemplo, tanto las empresas textiles fundadas por la CORFO como las empresas multinacionales de los años ’60, formaron monopolios para frenar la competencia. También los exportadores, hijos de los Chicago, como las pesqueras, los forestales, las AFP y los Bancos, Isapres y seguros. Y hoy, las empresas de los pollos, de las farmacias, del confort, del gas, todos han trabajado para limitar su impacto.

Podemos rebobinar la cinta de la historia y preguntarnos, entonces… ¿las empresas invierten para cumplir la demanda, o ven el cumplimiento de la demanda como un paso en su afán de generar ganancias? …Está clara la respuesta.
Quizás el gobierno de Boric va a oponerse a los monopolios y apoyar a la competencia «porque está en los intereses del país».
Quizás que, también, el gobierno de Boric va a apoyar formas de trabajar y formas de calcular los sueldos que abran paso a la producción más productiva.
Quizás el gobierno va a decir a los trabajadores que exigen aumentos de sueldos que corresponden a aumentos en la productividad, que no deben llevar los beneficios de la productividad ellos mismos, sino compartirlos con todo el país.
El sentido de esa política económica es que aquella empresa que invierte en la nueva maquinaria, insumos y procesos de trabajo, tiene el derecho de ganar más.
En fin, que el desarrollo nacional, productivo, da el derecho a la empresa – pública o privada – de aumentar las ganancias porque el trabajador lleva menos en su sueldo que lo nuevo que produce.
Frente a esa posición, nosotros debemos defender el derecho de luchar por sueldos más altos si el trabajo es más productivo. ¡No hay nada gratis en este mundo!

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